La causa por la muerte de tres jóvenes en Concepción sumó otro capítulo judicial, y de los pesados. Ahora buscan saber si los condenados por esa tragedia movieron sus propiedades para no afrontar la indemnización reclamada por las familias.
El juez Alberto Caballero autorizó la formalización de la investigación penal preparatoria y fijó un plazo de seis meses para juntar pruebas. Durante ese tiempo, el acusado seguirá en libertad mientras la Fiscalía mueve las fichas.
La pesquisa quedó en manos de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, con el fiscal Atilio Yanardi al frente. La hipótesis es que Muñoz y Teresa Elizabeth Scalise habrían hecho operaciones inmobiliarias cuando ya estaba en marcha el reclamo económico.
Entre los movimientos bajo la lupa aparece una venta realizada el 16 de abril de 2025. Según la presentación fiscal, transfirieron un inmueble por $176 millones a Carlos Sebastián Albano Reinuaba y Lorena Stefania Saladino Mora.
También se analiza una donación hecha el 23 de junio de ese mismo año a sus hijos, sobre una vivienda ubicada en Esteban Echeverría 460 Norte, en Capital. La Justicia quiere ver si esas maniobras buscaron complicar el cobro de la indemnización. Y sí, el expediente ahora tiene otra vuelta más, de esas que no aflojan fácil.