El proyecto de ley que ya entró a la Cámara de Diputados de San Juan por el acuerdo entre el Gobierno provincial y Vicuña empezó a mover el avispero político. Y en la provincia, donde cualquier definición sobre la minería se mira de cerca por su impacto en el laburo, los recursos y el ambiente, ya aparecieron las primeras voces que piden no apurarse.
Una de ellas fue la del diputado provincial del Frente Renovador, Franco Aranda, que habló en el programa Buena Gente y planteó que antes de tomar posición hay que leer el texto completo y revisar cada punto con lupa.
Aranda reconoció que, en principio, que la provincia reciba más dinero por la actividad minera es algo positivo. “Que haya más dinero para la provincia siempre me parece bueno”, dijo.
Pero enseguida marcó la otra cara de la discusión: que el acuerdo no tenga errores y que no choque con otras normas ya vigentes. “Hay que cuidar que no haya ningún error legislativo y chequear que el acuerdo sea compatible con otras leyes vigentes”, advirtió.
También puso el foco en un tema que en San Juan suele pesar fuerte cuando se habla de minería: el control. Según explicó, no alcanza con que el convenio suene bien en los papeles si después el Estado no tiene herramientas reales para fiscalizar cómo se desarrolla la actividad.
“Hay aspectos a estudiar con cuidado. Debemos ver la capacidad real de fiscalización de la actividad minera”, planteó.
Además, señaló que no hay que mirar sólo el beneficio inmediato, sino también lo que pueda pasar más adelante, sobre todo con las futuras actualizaciones de la Declaración de Impacto Ambiental. Para Aranda, ahí también hay que saber con claridad cuáles van a ser los beneficios a largo plazo.
“Hay que saber bien cuáles serán los beneficios a largo plazo conforme las actualizaciones de la declaración de impacto ambiental”, sostuvo.
Por ahora, el legislador no tomó una decisión. Dijo que va a esperar a estudiar en profundidad el proyecto antes de fijar postura. “No tengo posición tomada hasta que pueda estudiar exhaustivamente el texto del proyecto”, afirmó.
Con ese planteo, Aranda dejó en claro que la discusión recién empieza y que el tratamiento legislativo del acuerdo con Vicuña va a ser seguido de cerca por su impacto económico, ambiental y fiscal en la vida de los sanjuaninos.

