El proyecto que buscaba que San Juan adhiera a la Ley Nacional de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos no pasó el filtro en la Cámara de Diputados provincial. La votación terminó 18 a 13 y la iniciativa quedó en el camino.
La diputada Fernanda Paredes, una de las impulsoras, sostuvo que la idea era sumar herramientas que la ley nacional ya contempla. Según explicó, la intención era que esos derechos no quedaran en el papel, sino que pudieran aplicarse de verdad en la provincia.
El planteo apuntaba a ordenar criterios y evitar interpretaciones distintas entre operadores judiciales. Paredes dijo que, en algunos casos, se sostiene que ciertos artículos no pueden aplicarse porque San Juan no está adherida, y ahí se arma el bardo.
Otro de los puntos fuertes del proyecto era el acceso a la Justicia para quienes no tienen plata para afrontar una defensa. La legisladora remarcó que, sin representación legal, muchos derechos quedan a mitad de camino y la cosa se pone cuesta arriba para las familias.
También recordó que asociaciones de víctimas hicieron sus planteos durante el análisis de la propuesta, que había ingresado para estudio en 2024. Al final, el texto no juntó los votos necesarios y la discusión dejó una pregunta picando: ¿cómo se hace para que los derechos existan de verdad y no sólo en la letra?