El Gobierno provincial mandó a la Cámara de Diputados un proyecto para subastar los vehículos radiados en controles de tránsito. La movida apunta a destrabar el depósito judicial ubicado en el departamento 9 de Julio, que ya está al mango.
La idea es separar los autos que todavía pueden volver a circular de los que ya quedaron para chatarra. O sea, no es todo lo mismo: unos irían a remate y otros a compactación, sin vueltas.
La ministra de Gobierno, Laura Palma, explicó que primero habrá que sacar el decreto reglamentario. Ahí se va a definir qué vehículos entran en cada grupo y quiénes podrán meter ficha en la subasta.
Por ahora, la funcionaria dijo que podrían participar personas humanas o jurídicas con condición fiscal habilitada. Y también aclaró que ningún infractor se llevará el auto como si nada: antes habrá que cumplir con lo que marque el proceso.
En el predio de 9 de Julio ya se acumulan miles de vehículos y la ocupación ronda entre el 80% y el 85% de su capacidad. Encima, el acopio a la intemperie trae riesgo ambiental por aceites y otros líquidos que se van filtrando con el tiempo.
La reforma a la Ley 1810-A prevé que lo recaudado vaya a salud, educación, infraestructura y asistencia social. Si sale, no solo se ordena el depósito: también entra plata para áreas sensibles. ¿Y quién no va a querer mirar esa subasta de reojo?