Se trata de la mercadería adquirida a través del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre que se implementa mediante el Proyecto Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Este aporte requiere también de un profundo control para evitar irregularidades dentro de los mismos.

En el escrito que Capital Humano concedió al fiscal Ramiro González afirma la existencia de un "plan sistemático para cometer varios hechos de corrupción contra el pueblo argentino"

Sólo se pudo confirmar el 52,3% de los establecimientos asistenciales. El restante 47.7% no funciona más como tal y el 25% de las direcciones no existe o allí nunca hubo un merendero.